La verdadera cara de las instituciones republicanas en América Latina empieza a mostrarse: en un juicio de cartas marcadas y sin pruebas de las acusaciones, condenaron en Brasil a Lula da Silva a 12 años de cárcel.

Eso no significa que Lula vaya efectivamente a prisión. Posiblemente por su edad y otros factores, obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria. No obstante, aunque fuera preso, desde el punto de vista del individuo Lula eso es irrelevante. Lula ya conoce las cárceles de la dictadura, que fueron inmensamente más fétidas. El problema no es si Lula va preso o no, incluso porque a Lula la cuestión le tiene sin cuidado: Lula no está interesado en su libertad personal.

El problema está en otra parte. De acuerdo con la ley brasilera, los condenados en segunda instancia pierden sus derechos políticos, es decir, no pueden postularse a cargos electivos en la administración pública como, por ejemplo, el de presidente. Lo que acaba de suceder en Brasil y es el objetivo de toda la farsa es una proscripción, la proscripción del único candidato capaz hoy de establecer un nuevo gobierno popular en ese país de la Patria Grande.

Juego de cartas marcadas

Sin ninguna prueba del delito supuesto ―que además sería ínfimo si fuera comprobado, a saberlo, el origen del dinero usado para adquirir un departamento de 80 metros cuadrados― el poder judicial brasilero proscribió de hecho a Lula y dejó el camino allanado para la continuidad del neoliberalismo en Brasil. Y el buen sentido, perplejo ante semejante disparate, se pregunta: “¿Cómo es esto posible?”.

La respuesta es más simple de lo que parece. En realidad, la legalidad no es una cuestión de justicia, es una cuestión de poder. Y como el poder judicial es un brazo del poder fáctico de tipo económico, no puede necesitar pruebas y ni siquiera de una causa ―que tampoco la hay― para condenar y proscribir al candidato que puede dañar los intereses de ese poder fáctico. El poder judicial en Brasil, como en Argentina y en todas partes, no existe para impartir justicia. Existe para imponer una legalidad acorde a los intereses del poder. En una palabra, existe para defender los intereses de las corporaciones.

El famoso Apartheid fue legal en Sudáfrica y en Namibia durante décadas, así como la esclavitud en los Estados Unidos de América y el trabajo infantil en las fábricas de la revolución industrial inglesa. En todos esos casos la cuestión nunca fue hacer justicia. La legalidad siempre fue un tema de poder y acorde a los intereses del poderoso.

Otro tanto pasa en América Latina en los tiempos que corren. Cualquier individuo o grupo que amenace los intereses del poderoso, aunque mínimamente, va a terminar ilegalizado por el poder judicial. Amado Boudou se atrevió a desarmar el negocio de las AFJP, tocó un interés particular del poder económico concentrado y nunca más tendrá paz en su vida. Y así los ejemplos hasta el infinito.

¿Y si esta semana te toca a vos?

Aunque no entendamos a primera vista qué pueden llegar a tener que ver el caso de Lula en Brasil o el Apartheid en África, los niños legalmente mutilados por máquinas en Inglaterra y demás casos, la relación es muy clara. El patrón de comportamiento de las instituciones republicanas nunca varía, siempre es contrario a los intereses de las mayorías populares y funcional a los intereses de las minorías privilegiadas.

Al parecer, Cristina Fernández de Kirchner es el cisne negro de dicha teoría, puesto que no la condenaron ni está presa. Pero la teoría de las instituciones como escribanía del poder económica no tiene cisnes negros. Cristina no está presa porque el poderoso sabía que no ganaba las elecciones y si Cristina unifica el peronismo detrás de su figura hasta el 2019 y logra lo que logró Lula, es decir, un campo popular sin grietas de cara a las elecciones para arrasar ahí, entonces Cristina va a terminar condenada por una causa armada y sin pruebas sobre cualquier nimiedad.

Por lo tanto, mientras los pueblos sigamos creyendo que el poder judicial existe para impartir justicia, los pueblos vamos a perder una y otra vez. De la condena a Lula no se sale sin un 17 de octubre apoteótico, con las masas en las calles exigiendo su liberación. Pero para resolver el fondo del problema hace falta más que ese 17 de octubre: hace falta una auténtica revolución popular, con las masas en las calles, sí, pero no para exigir la liberación del conductor, sino para destruir las instituciones republicanas del poder y para, como decía Mario Benedetti, hacer fusilamiento de jueces.

De otra manera no salimos del paso.

Por Erico Valadares