En América Latina en general, y muy en particular en nuestro país, es recurrente el zonzo debate sobre la necesidad de la institución de la pena de muerte. La cuestión emerge cada vez que un hecho delictivo es elevado por los medios de difusión a la categoría de interés nacional y el sentido común (que es la opinión pública manipulada) empieza entonces a preguntarse si aplicar la pena de muerte no sería la solución definitiva al problema de lo que mal llamamos “inseguridad”.

Pero el debate, como decíamos, es zonzo. Y lo es por dos razones. La primera, la más evidente y cuya verdad ya está demostrada en la práctica, es que la pena de muerte no es solución para nada, sino más bien un acto de venganza muy antiguo. La segunda razón tiene que ver precisamente con cómo está planteado el debate en sí, o sobre qué premisas nos basamos para discutir la necesidad de la aplicación de la pena de muerte.

“La pena de muerte da seguridad”

La zoncera del debate sobre la pena de muerte en América Latina se funda en otra zoncera, la de que los países que aplican la pena de muerte son más seguros. Eso no solo no es así, sino que, además, sería muy fácil por otra parte medir el desarrollo humano de los países que la aplican para darse cuenta de que se trata de sociedades muy atrasadas en todos los casos.

Sobre lo primero, que es la idea equivocada de que la aplicación de la pena de muerte previene el delito por disuasión, es decir, la suposición de que si el potencial delincuente supiera de antemano que lo van a ejecutar, entonces pensaría dos veces antes de cometer el delito, no hay que ir muy lejos para ver que esa noción es falsa de toda falsedad. En varias regiones de esa federación sin nombre propio que son los Estados Unidos de América la pena de muerte se aplica frenéticamente y las ejecuciones son incluso un espectáculo público, más o menos como en el Medioevo, pero con televisión agregada. Y, no obstante, como es de público conocimiento, las estadísticas de inseguridad en Estados Unidos son alarmantes para los estándares de Occidente. Nadie en los EE.UU. deja de, por ejemplo, entrar disparando a mansalva en un cine o en una escuela porque sabe que el castigo va a ser la pena de muerte, sino más bien todo lo contrario: no hay otro lugar en el mundo donde se reiteren las masacres de ese tipo. No hay un país en el que haya más asesinos seriales, psicópatas, violadores y demás criminales que en los Estados Unidos de las corporaciones y de la pena de muerte.

Decíamos también que, para los estándares de Occidente, los índices de inseguridad de Estados Unidos son alarmantes, y esta afirmación está muy lejos de ser exagerada. Entre los países occidentales ―que además de Estados Unidos son Canadá, Australia, una docena de países europeos, quizá Nueva Zelanda y ya paramos de contar―, Estados Unidos es el único que aplica la pena de muerte y es, vaya casualidad, el que más inseguridad tiene. Y no solo eso: aun si sumáramos los hechos delictivos de todos los demás países de Occidente no llegaríamos a tener ni siquiera una fracción de aquellos que se registran en Estados Unidos, por lo que este país sostiene la punta de la tabla de posiciones en lo que se refiere a inseguridad y la sostiene muy cómodamente, por supuesto.

Por otra parte, en la categoría de los países que aplican la pena de muerte no están Suecia, Noruega, Francia, Austria ni Suiza, ni ninguno por el estilo. Junto a Estados Unidos en dicha categoría figuran naciones como Afganistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, India, Indonesia, Mongolia, Qatar, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Uganda y Zimbabue, entre muchos otros, totalizando 58 países entre los que EE.UU. es el único de Occidente. Como se ve a simple vista, todas regiones con bajísimo desarrollo humano y ubicadas en continentes donde la desigualdad y la injusticia social son extremas. ¿Por qué la pena de muerte no es aceptable en la opinión de los noruegos y sí en la de los somalíes, por ejemplo?

Estamos debatiendo mal

Más allá de lo técnicamente inoportuno para una sociedad, el debate sobre la necesidad de la aplicación de la pena de muerte en América Latina ―y en particular actualmente en Argentina― ya arranca desvirtuado. Este es un problema de agenda o, para ser más precisos, un problema de saber bien quién o quiénes marcan la agenda en una sociedad y con qué intereses.

Deténgase un momento el atento lector en este punto y hágase la siguiente pregunta: desde que tiene memoria, ¿a partir de qué hechos se disparó la discusión sobre la pena de muerte? No hay que exigir mucho de la memoria para recordar que la sociedad argentina siempre discutió la aplicación de la pena de muerte cuando se hizo de público conocimiento (lo que anteriormente calificábamos como “de interés nacional”) un crimen cometido por un individuo en perjuicio de otro, normalmente siendo ambos ―víctima y victimario― de clase popular o de la mal llamada “clase media”. Es decir, los argentinos únicamente nos acordamos de la pena de muerte cuando el que debió haber sido ejecutado es el ladrón de gallinas, nunca el pez gordo.

En los medios de difusión de las corporaciones, que son los que marcan la agenda y determinan qué temas va a discutir la sociedad en cada momento, nunca aparece la sugerencia de la necesidad de la aplicación de la pena de muerte cuando un banquero estafa a miles de ciudadanos o cuando un dirigente político neoliberal destruye el sistema previsional y condena de hecho a los jubilados a morir por falta de asistencia. Solo surge “pena de muerte” cuando el ladrón roba poco y el asesino mata a pocas víctimas, es decir, cuando el delito y el crimen no son de gran magnitud.

¿Por qué? Porque los medios de difusión marcan la agenda, determinan qué debemos discutir como sociedad. Y los medios son propiedad privada del poderoso, nunca van a hacer ni decir nada que sea en perjuicio de los intereses particulares de su propietario, lo que en sí es lógico. No existe peor ladrón, violador ni asesino que el poder fáctico de tipo económico, porque cada vez que roba, roba miles de millones y a muchos; cada vez que viola, deja un tendal infinito de víctimas; y cada vez que mata, lleva a cabo nada menos que un genocidio.

En 1964, nuestro “Che” Guevara fue a la asamblea de las Naciones Unidas en representación de la Revolución cubana y expresó: “Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario”. Sí, en Cuba todavía existe legalmente la figura de la pena de muerte, aunque no se aplica hace ya varios años. La cuestión es: ¿Para quién o quiénes fue o es el fusilamiento en Cuba? ¿Para el ladrón de gallinas o para el banquero estafador, el dirigente ladrón de jubilaciones y pensiones, el traidor a la patria?

Claro, en Cuba no existen los medios de difusión de las corporaciones. Y a los cubanos ningún potentado les marca la agenda: los cubanos debaten bien, discuten lo que tienen que discutir en cada momento y de acuerdo a sus propios intereses, algo que en Argentina y en América Latina en general hoy es una utopía.

Por Erico Valadares