El 30 de abril de 1977 un grupo de madres se reunieron en la Plaza de Mayo para reclamar por la aparición con vida de sus hijos, de quienes no conocían paradero. Luego de agotar todas las instancias de búsqueda por vía judicial, decidieron acudir a la Plaza con intenciones de ser recibidas por el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla. Dada la prohibición vigente de efectuar reuniones en lugares públicos, las fuerzas de seguridad se apersonaron en la plaza y ante la renuencia de estas catorce mujeres de retirarse del lugar, les dieron una orden que sería cumplida del modo más literal y desafiante que se les pudo ocurrir. “Circulen”, les dijeron. Y hace 43 años que están circulando.

Esas catorce mujeres (Azucena Villaflor de Devincenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Sra. De Caimi y otras dos, que no dieron su nombre) comenzaron con ese rito de protesta movidas por la desesperación, pero su gesto de desafío pacífico habría de convertirse en un grito sordo por la memoria, la verdad y la justicia.

Pero, ¿quiénes eran los desaparecidos? ¿Quiénes eran esos hijos anónimos por quienes las Madres salieron a la Plaza? De acuerdo con el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, del total de las víctimas del genocidio que llevó a cabo la dictadura cívico-militar, el treinta por ciento eran obreros y alrededor del cuarenta por ciento tenían entre 16 y 25 años. Formaban parte, pues, en su amplia mayoría, de la base social del justicialismo, esa juventud que había crecido al calor de la esperanza de restaurar la democracia herida de muerte en 1955 y que ellos solo habían conocido por los relatos susurrados por sus mayores. El horizonte de una patria libre, justa y soberana los impulsaba a actuar con el único propósito de alcanzar la utopía de lo posible que había quedado trunca en 1955, cuando sus padres eran tan jóvenes como ellos ahora.

Entre 1946 y 1955, el promedio de crecimiento anual de la economía argentina era del 3,6% anual. En el mismo periodo, la sindicalización de los trabajadores se multiplicó por seis, pasando de quinientos mil a tres millones de trabajadores agremiados. Entre 1975 y 1990, por el contrario, el PBI per cápita disminuyó en un 32,5%; el PBI industrial per cápita cayó en un 2,7% y la inversión bruta declinó en un 68%. La deuda externa trepó de 4.890 a 65.300 millones en dólares. Los desocupados pasaron de 722.000 a más de 2.000.000.

Las cifras pueden resultar odiosas y sin embargo, no existe un modo más explícito de demostrar la relación íntima que existió entre un primer genocidio, que implicó el secuestro, la tortura sistemática, el asesinato y la desaparición de treinta mil argentinos y ese otro genocidio por goteo cuyo número final de víctimas sigue sin poder determinarse y cuyas réplicas siguen repercutiendo en la pobreza estructural que padecen millones de compatriotas.

Es que la dictadura cívico-militar fue el abono que eligieron los poderes concentrados para sembrar hambre y pobreza, los cuerpos de esos treinta mil prepararon el terreno para el desastre. En las raíces mismas del exterminio masivo subyace un fundamento último que no es ideológico, sino puramente económico. Era necesario desmantelar el aparato económico y social que el gobierno de Juan Perón había construido y robustecido durante toda una década, que no se había terminado de destruir durante las dos décadas siguientes a manos de democracias proscriptivas y dictaduras “desarrollistas”, “gradualistas” y “dialoguistas”.

Entender a la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional como el fruto de una pugna ideológica es quitar del foco lo más saliente del asunto y es que los poderes concentrados no se guían por ideales sino por intereses. Y que a los desaparecidos no los mataron por “zurdos” sino por peronistas. O más precisamente, que los persiguieron por formar una parte indispensable para reproducir en el tiempo el modo de vida que la década peronista dio a luz. Es decir, que los treinta mil detenidos-desaparecidos eran, independientemente de la raigambre ideológica que cada uno de ellos individualmente reconociera para sí, exponentes de esa clase sindicalizada que había heredado sus derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores que formó Perón. Una clase trabajadora fuerte y con capacidad efectiva de presión resultaba siendo una barrera infranqueable para el avance de los poderes concentrados y la solución hallada no fue otra que exterminio físico de los hombres y las mujeres que la constituían.

Ese es el origen de la dictadura. La postura reduccionista de considerar la pata ideológica del asunto como el único aspecto a contemplar conlleva el peligro de dejar de lado a aquellos actores que no solo planificaron el genocidio, sino que se beneficiaron de su ejecución y orbitan hasta nuestros días en el mundo empresarial, respetados e impunes. Los civiles de la dictadura, que hasta hace no mucho incluso gobernaban el país, propiciaron el exterminio sistemático como efecto colateral de su progreso individual. Negocios son negocios.

Y aquí es cuando llegamos al mismo lugar de siempre: el peronismo como “hecho maldito” de la historia argentina. Porque en términos puramente objetivos, el objetivo del “Proceso de Reorganización Nacional” no fue otra cosa que un intento, por mucho tiempo exitoso, de desbaratar por completo la sociedad peronista. Hasta la cuestión nominal lo demuestra: el término “Proceso” nos da cuenta de la profundidad del arraigo de esa idiosincrasia que el justicialismo inauguró, que requirió arrancarla de cuajo del alma del pueblo-nación a fuerza de sangre y terror. “Reorganización” nos habla del carácter fundacional de ese proceso, cuyo propósito era el de dar origen a una sociedad nueva, sin rastros de la comunión que había aglutinado a la sociedad peronista. “Nacional” es una expresión eufemística de lo trasnacional y lo foráneo, pero también el Proceso propendió a fundar una nación sin pueblo, de individuos. El peronismo fue el hecho maldito de la oligarquía y sus satélites. El único camino para “purificar” a la Argentina era extirpar ese “cáncer”, aunque en ello se fuera la vida de algún que otro inocente. A tal fin incluso fue instalada la ideología de las Fuerzas Armadas como intrínsecamente contrarias a los destinos de la patria y brazo ejecutor de la violencia de los poderosos. Como salvaguarda de los cerebros civiles y para mancillar la imagen de los militares por el peligro que significa que las armas estén del lado del pueblo, de la patria que sirvieron José de San Martín, Juan Manuel de Rosas y Juan Perón.

Cuando el 30 de abril de 1977 catorce mujeres comenzaron una ronda alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, reclamaron por la desaparición de obreros de la construcción, de la industria automotriz, de médicos y enfermeros formados en la universidad que Perón había hecho gratuita, de empleados, de abogados, de curas obreros. De miembros de la clase trabajadora que se habían resistido a la extirpación de sus derechos. Aquellos con cuya sangre el poder abonó el terreno para sembrar el hambre de generaciones, la destrucción de las redes de comunión que la sociedad había tejido. Por eso, en este tiempo es preciso remarcar en todo momento el verdadero interés que tuvo como fundamento la dictadura. Porque hasta el día de hoy los actores que participaron de ese “Proceso de Reorganización” no dejan de tener efectos sobre la sociedad argentina y no cesarán en esa influencia a menos que la propia sociedad sea plenamente consciente de la magnitud del daño que han provocado.

Una sociedad individualista, disgregada, desconfiada de las instituciones y de la política, son frutos de esa élite que “maneja los piolines de la marioneta universal”, como rezaba una vieja canción de la época del onganiato. Dentro del legado de las Madres de Plaza de Mayo, que es inconmensurable por el rol que han jugado en la recomposición de la democracia en el país (y más de una se dejó el pellejo en el intento), también consta el legado de sus hijos. Cuando Hebe de Bonafini nos interpela como hijos suyos no lo hace como sujetos de una ideología determinada sino como actores políticos. Cuando Hebe dice que Néstor Kirchner fue su hijo lo dice porque ese hombre fue capaz de canalizar a través de la praxis política las demandas sociales y económicas que los desaparecidos reivindicaban para la clase trabajadora. Demandas que les costaron nada menos que la vida. La política como medio para transformar la realidad debe ser antes que nada pragmática, bajo la premisa universal de que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.

A cuarenta y tres años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el reclamo de los hijos sigue vivo y tan desgarrador como siempre. Mientras haya argentinos que se van a la cama sin cenar, niños que no tienen zapatos o viejos sin medicamentos, el reclamo de los hijos seguirá vigente. Mientras haya argentinos que facturan dividendos por miles de veces superior al salario de un trabajador no habrá reparación posible de los efectos del genocidio. Porque la única reparación, sin olvido ni perdón, pero reparación al fin, es la justicia social. La reconstrucción de esa patria que ellos deliberadamente desbarataron. Ese es el legado de los hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Cuando la Argentina sea un país regido por la justicia social, ellas habrán cumplido con su tarea de reivindicación de sus hijos. Hasta ese día, seguirán circulando.

Marco Antonio Leiva
Identidad Peronista